La Universidad de Costa Rica, como universidad pública al servicio del bien común, tiene la responsabilidad histórica de contribuir al debate político social. Debe luchar contra las ficciones, los estereotipos y los prejuicios que dificultan dicho debate, e iluminar caminos en la búsqueda conjunta de la verdad. Las personas que formamos parte de la comunidad académica de la Universidad somos conscientes de que nuestra misión es de complemento, de apertura de opciones y jamás de sustitución de responsabilidades.
A las/os universitarias/os el contexto sociopolítico y cultural nos interpela e invita a reflexionar. A reflexionar en diálogo, con diferentes sectores del entorno, sobre los temas y problemas –nacionales e internacionales– que nos afectan directamente como ciudadanas y ciudadanos, y a los diferentes grupos de la población, en especial los más vulnerables.
Una meta clara. Costa Rica está viviendo una época histórica trascendente. La discusión en torno a nuestro futuro se desarrolla en este momento alrededor del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, la República Dominicana y Estados Unidos (TLC). El país se ha sumido, desde hace ya bastantes meses, en una fuerte discusión sobre sus alcances y límites; un debate donde muchos participan, pero donde el grueso de la ciudadanía permanece en actitud pasiva porque no conoce el texto ni tiene información veraz y adecuada sobre el asunto en discusión. La Universidad no puede dejar de participar en ese debate e incidir en él con una meta clara: colaborar en el logro de un desarrollo democrático, con equidad, inclusión y justicia.
En la UCR se ha leído el TLC con profundidad, desde sus diversas aristas, y en esa lectura han participado equipos interdisciplinarios de alto nivel. Se le ha analizado con mirada crítica y con prudencia, porque toca todos los ámbitos de la vida de quienes vivimos en este territorio. La acción de la Rectoría se ha centrado en facilitar la elaboración de propuestas institucionales sobre diferentes temas, con el propósito de que los actores sociales y políticos dispongan de instrumentos que posibiliten tomar las mejores decisiones para la colectividad. Por la responsabilidad que nos corresponde hemos decidido trabajar en temas como la salud pública, la calidad de la educación, las telecomunicaciones y el futuro del Instituto Costarricense de Electricidad, así como la reforma fiscal.
Lamentablemente, el Tratado no admite reformas; solamente se puede aprobar o rechazar, y eso nos coloca en una disyuntiva que no podemos evadir. Antes la responsabilidad de la decisión la tenían los diputados; ahora vamos a ir a un referéndum, lo que nos permite como conjunto decidir directamente, sin mediaciones de ningún tipo. Los costarricenses estamos acostumbrados, demasiado acostumbrados, a la democracia representativa, a delegar nuestras respuestas en otros. Ahora la situación ha cambiado: el poder delegado a regresado a nuestras manos, las de todo el pueblo, y debemos votar NO o SÍ al TLC.
Información y deliberación. La decisión que tomemos debe estar basada en la información y la deliberación. No es con propaganda que podemos resolver sobre asunto tan complejo. En esta labor de informar y debatir, la UCR –y las universidades públicas– deben jugar un papel relevante. Por esa razón en los próximos meses la UCR incrementará sus actividades de información y discusión abiertas a toda la ciudadanía, tanto en la Sede Rodrigo Facio, como en las demás sedes universitarias y en diversas comunidades del país.
Hay que ayudar a preparar a la ciudadanía para el referéndum, y también para aceptar sus resultados. Por eso hay que cuidar, además de la información, la transparencia, la honestidad y la legalidad en los procedimientos, para evitar que lo que puede ser un hermoso ejercicio democrático se convierta en una nueva frustración ciudadana por la irresponsabilidad o la falta de visión de los diferentes actores sociales e institucionales involucrados en el proceso.
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